Por Sally Burch
Más de 2000 mujeres se movilizarán en Colombia hacia la frontera con Ecuador, los días 22 y 23 de noviembre próximos. El 23, se reunirán en el puente Internacional de Rumichaca con otras 500 mujeres ecuatorianas. Esta movilización simbólica apunta a dar visibilidad a la situación de desplazamiento y refugio de las mujeres del sur de Colombia y planteará el establecimiento de una mesa de interlocución binacional para atender esta problemática.
Este acto simbólico, que se realiza en el marco de la conmemoración del Día Internacional del No a las Violencias contra las Mujeres (25 de noviembre), está organizado por las organizaciones colombianas Ruta Pacífica de las Mujeres -RPM-y la Organización Femenina Popular -OFP-. Desde hace 11 años, la RPM viene realizando una marcha en estas fechas, a favor de la paz en su país.
En entrevista con ALAI, dos organizadoras colombianas de la marcha hablaron sobre la situación de las mujeres afectadas por la guerra en su país -donde hay cerca de cuatro millones de personas desplazadas-, así como de la situación del país. Ellas son Marina Vallejo, de la RPM y Yolanda Becerra, de la OFP.
Estas activistas cuentan cómo las mujeres no solo viven las consecuencias del desplazamiento, de las muertes, de la desaparición, de la persecución, sino que son las principales encargadas de seguir sosteniendo la vida de quienes quedan, sin contar con el apoyo institucional adecuado. "Tenemos que dar seguridad a nuestras familias; remendar el tejido familiar, el tejido de las comunidades, el tejido de nuestros pueblos. Y además, nosotras tenemos que mantener la esperanza", destaca Becerra.
Otra consecuencia del desplazamiento es que las mujeres -sobre todo cuando dejan el campo para ir a las ciudades- tienen que abandonar su forma de vida, para dedicarse a la mendicidad o incluso a la prostitución -sea voluntaria o forzada-. La situación de desarraigo y el brusco cambio de modo de vida, tienen múltiples consecuencias que no son vistas: el desgaste, las enfermedades, las cargas emocionales y psicológicas. Además, la violencia sexual es muy común en los centros de desplazamiento, donde incluso muchas niñas y jóvenes son abusadas.
Estas organizaciones escogieron el sur de Colombia para la movilización de este año, debido a que es uno de los puntos donde actualmente se desarrolla el conflicto armado y social con mayor fuerza. "El presidente Álvaro Uribe, en medio de toda su política internacional y su propuesta de paz, la invisibiliza, la niega -señala Becerra-. Entonces, nosotras las mujeres, con este ejercicio político, queremos visiblizarlo, denunciarlo pero también construir alternativas en búsqueda de la solución a esa problemática", enfatiza.
La participación ecuatoriana en la movilización apunta a la formación de una mesa de trabajo binacional entre los dos gobiernos, que empiece a discutir los problemas, pero con la participación de las implicadas directas, que son las víctimas del desplazamiento y el refugio, como también con organizaciones de mujeres colombianas y ecuatorianas.
Estas activistas reconocen que la actitud del gobierno de Rafael Correa, al considerar a los refugiados como ciudadanos en una situación especial, es muy distinta a la de Uribe. Pero destacan que Ecuador no alcanza a dar salida a un problema tan grande, con alrededor de 250 mil refugiados/as, por lo cual se requiere de políticas macro y más concertadas con Colombia.
Su planteamiento de encontrar soluciones políticas al conflicto armado no se limita al silenciamiento de los fusiles, pues "hemos visto que eso no da resultado", señala Becerra. "Tiene que haber una voluntad política para construir una Colombia equitativa para todas y todos, basada en la justicia social, basada en la reconstrucción de los derechos de los colombianos y las colombianas". Y en esta construcción, las mujeres quieren tener voz.
"Consideramos que la guerra es una de las expresiones -y quizá la más alta- del patriarcado -acota Vallejo-, por la capacidad destructiva que tiene, por la capacidad de negación de los otros y las otras, por la subordinación a que somete a la población en general, por cómo la guerra se comporta con las mujeres, lo que significa el cuerpo de las mujeres en el entramado de las guerras".
Y añade: "creemos que mientras exista la industria militar y existan los intereses de países potencias y la búsqueda de la seguridad nacional en contra de otros, la producción de armas también genera el negocio de la guerra. Consideramos que las guerras siempre son un negocio. En Colombia también terminan siendo un estilo de vida de muchas personas, fuentes de ingresos y de poder, fuentes de dominación y de opresión muy profundas".
Verdad y justicia, no impunidad
Colombia tiene una historia de más de 40 años de conflicto armado. Por los años 60, "prácticamente se pasó de una guerra bipartidista a unas guerrillas que empezaron a tener digamos una visión de cambio de la sociedad, -comenta Becerra-. Pero nunca ese proceso tuvo una visión de negociación, ni por parte de los gobiernos, de los demás establecimientos de Colombia, ni por parte de las guerrillas". Y añade: "Es una realidad que tenemos que asumir cotidianamente, porque no podemos hacer nada sino hacer presión política porque se logre una salida negociada que termine con esta situación ya tan larga. Es necesario que Colombia empiece a mirar los procesos de verdad, justicia y reparación, las garantías de no repetición, que empiece a caminar realmente a una transición".
La activista señala que la única negociación que hubo fue con los grupos paramilitares, pero que la negociación es un proceso que requiere del concurso de la sociedad. "No pueden ser negociaciones por fuera, entre ejércitos, entre el Estado y las guerrillas, sino que tiene que tener la participación de la sociedad en general. Las mujeres le estamos apostando a esto. Nosotras creemos que radicalmente Colombia necesita una salida negociada, que debe haber acuerdos humanitarios, que ahí tienen que poner las partes sus posiciones y buscar que Colombia logre otro sendero de paz y de mayor democracia y justicia. Un sendero que erradique la impunidad que es del 95%".
Al referirse a las causas estructurales del conflicto en Colombia, Becerra señala que "es un país tan rico, que tiene las condiciones para que las colombianas y los colombianos vivamos dignamente; pero también es un país en donde cada día la concentración de la riqueza hace que la redistribución de estas riquezas no lleguen a las mayorías; y ya no solo se habla de pobreza, sino de miseria", incluso de poblaciones enteras, como lo ratifica un reciente informe de las Naciones Unidas. La activista enfatiza que "el empobrecimiento es muy grande en las comunidades campesinas. El campo está quedando en manos de unos pocos y de grandes megaproyectos. Todo lo que era el desarrollo campesino, el desarrollo del cultivo del pan coger, eso ya no se ve. Se ven grandes extensiones de tierra con palmas, con caucho, con búfalos y eso a costa de sangre, desplazamiento y muerte de los campesinos".
Siendo que Colombia no ha tenido una Reforma Agraria, uno de los elementos del conflicto armado es justamente la disputa del territorio. "Ahí es en donde están las riquezas, -destaca Becerra-. Si miramos en donde se desarrolla el conflicto en Colombia, es en las zonas y en las regiones más ricas. Por ejemplo, Magdalena Medio es una zona en donde está la refinería más grande de Colombia, y está la segunda mina de oro más grande de Latinoamérica. Allí se desarrolla el conflicto totalmente descarnado. Si miramos lo que está pasando en este momento en el sur occidente, en el Chocó, en Nariño, están en disputa todas las riquezas que hay allí y la apuesta del desarrollo de megaproyectos".
La activista de la OFP subraya asimismo que "un elemento de nuestro conflicto es también la falta de sentido de pertenencia y la falta de identidad de los grandes políticos. Colombia se rifa por todos lados, cada día todas nuestras riquezas quedan más en manos de las multinacionales y se privatizan todos nuestros recursos naturales. Esos son elementos muy fuertes en el desarrollo de nuestro conflicto, y por eso la paz no es tan fácil porque es muy complejo. A ello se añade el narcotráfico, que no está ajeno a los grandes políticos, a los grandes ricos de Colombia".
En este contexto, el paramilitarismo y la propuesta de seguridad se desarrollaron "para proteger este tipo de política y de desarrollo económico, que se ha impuesto en el país", según Becerra. Pues, en la década de los 90 cuando los organismos defensores de derechos humanos visibilizaron las violaciones de derechos humanos por parte del Estado colombiano, a través del ejército, la policía y los organismos de seguridad, "lo que hizo es crear la estrategia de guerra ilegal que fueron los paramilitares". Por lo mismo, -dice- la negociación actual entre Estado y paramilitares ha establecido un marco jurídico que mantiene la impunidad, que no garantiza la paz, sino que legitima y legaliza la estrategia del Estado.
Articular la resistencia
La resistencia social a este proceso se está reconstruyendo de a poco. Pues, luego de una época de fortalecimiento de los movimientos sociales, en los años 80, enfrentaron una ofensiva de desarticulación, que conjugó el asesinato, el desplazamiento, la persecución y la judicialización de los dirigentes y organizaciones sociales. Becerra destaca que esto "ha llevado a un debilitamiento de los movimientos sociales, a la par de que también como seres humanos quedamos impregnados de miedo; porque la política ha sido muy integral, no solo en la persecución de la muerte y el asesinato, sino también en la cooptación". Y esta política sigue, como ella lo ha sentido en carne propia, el mes pasado, cuando dos hombres armados entraron a su departamento, la amenazaron con una pistola y le dieron 48 horas para que se vaya de la región.
Por otro lado, Becerra reconoce que ha sido muy hábil la política del gobierno de negar el conflicto, de invisibilizarlo y de buscar culpables: "todos son culpables menos el gobierno colombiano". Por ello, el empeño de las organizaciones de mujeres de visibilizarlo.
Otra dificultad que señala para la resistencia popular es que es un país muy grande, con distintas regiones. No obstante, surgen muchas propuestas e iniciativas, algunas de ellas a nivel nacional, como este Movimiento de Mujeres contra la Guerra. Otra iniciativa nacional es la Coalición de Movimientos Sociales (de la cual hace parte la OFP), que inició hace dos años y medio, y que articula al movimientos indígena y campesino, a mujeres, cristianos, afros, entre otros. A fines de septiembre realizó su Asamblea Nacional, en Bogotá, donde se acordó desarrollar una campaña, durante el año 2008, por la recuperación de tres derechos: a la opinión, a la organización y a la libertad.
"Creemos que hay que trabajar muy fuerte en Colombia para volver a recuperar los movimientos sociales como sujetos políticos -destaca Becerra-, porque los momentos de crisis que hemos vivido y el desplazamiento han hecho que este sujeto político se pierda. Y creemos que cualquier país que quiera construir democráticamente, necesita movimientos sociales fuertes".
La movilización como estrategia
En esta reconstrucción, las organizaciones de mujeres están dando el ejemplo. Tanto la RPM, como la OFP, apuestan a la movilización social como estrategia, y por ello están trabajando juntas. "Creemos que los derechos se defienden en lo público, y por eso para nosotras la movilización es un instrumento de trabajo muy importante, para denunciar, para exigir, para vigilar nuestros derechos", enfatiza Becerra.
La Ruta Pacífica de las Mujeres, según explica Vallejo, es un movimiento que agrupa a alrededor de 350 organizaciones de mujeres de muy diverso orígen, incluyendo a campesinas, indígenas, mujeres trabajadoras, amas de casas, artistas, mujeres de ONGs, académicas, investigadoras, y otras. "Es una gama bastante amplia y rica que le da mucha riqueza a la Ruta", destaca. Tienen presencia en nueve departamentos del país, principalmente en aquellos donde el conflicto se manifiesta cotidianamente.
La RPM se alimenta filosófica, política e ideológicamente desde el feminismo. "También nos planteamos pacifistas y antimilitaristas -afirma Vallejo-. Nos paramos en una ética de la no violencia, porque pensamos que cualquier conflicto en el mundo tiene que llegar a resolverse por la vía negociada, que ser mejores seres humanos es tener la capacidad de resolver los conflictos por otra vía distinta a la violencia y el militarismo".
Ha mantenido su capacidad de movilización durante sus 11 años de vida, con eventos anuales de carácter nacional, y además, movilizaciones mensuales que organizan en las nueve regiones, junto con la red internacional Mujeres de Negro, para denunciar lo que les sucede a las mujeres como resultado del conflicto.
Su trabajo está encaminado también a impulsar los procesos de verdad, justicia y reparación, con una visión construida desde las mujeres, de que la impunidad no siga sobre los hombros de las mujeres, sino que se les considere sujetas de derecho. Que las reparaciones no las contemplen solo en calidad de madres y esposas.
La OFP, por su parte, agrupa a unas 3000 mujeres de las regiones de Magdalena Medio, Huila y Bogotá. Trabaja por los derechos humanos integrales de las mujeres y del pueblo. Han sufrido represión, con tres dirigentes asesinadas y más de 100 amenazadas. "Todo porque hemos venido haciendo un trabajo de denuncia, de visibilizar el conflicto, de defender los derechos de las mujeres en medio del conflicto y un trabajo de seguirle apostando a la solución política en nuestro país", denuncia Becerra, a la vez que reafirma que siguen soñando con la paz y la justicia social: "donde seamos sujetos y sujetas de la construcción de la paz, de la reconstrucción del país y donde las mujeres tenemos nuestra misma concepción de país, soñamos con un país para nuestros hijos e hijas. Y en ese sentido somos perseguidas, por ser sujetas políticas y tener una apuesta de país".
Fuente: América Latina en Movimiento
http://alainet.org/active/20806&lang=es
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